Una visita al corazón de la producción de estas piedras preciosas en Angola revela que la industria sigue contaminada por la violencia
Por Michael Allen, Cafunfo, Angola
The Wall Street Journal
En teoría, Angola es la cara de la campaña global para evitar que los «diamantes de sangre» entren a las joyerías del mundo.
La presión internacional contribuyó a poner fin a una despiadada guerra civil hace 10 años al arrebatarles a los rebeldes la posibilidad de intercambiar diamantes por armas. Angola es hoy en día el miembro líder del llamado Proceso de Kimberley, un sistema de certificaciones estándar en toda la industria para prevenir el comercio de diamantes en bruto por parte de grupos insurgentes. Actualmente, Angola es el quinto productor de diamantes del mundo por valor, y sus piedras preciosas son muy cotizadas por su tamaño y pureza.
Sin embargo, una visita al centro neurálgico de la minería de diamantes de Angola es suficiente para ver que todavía se derrama mucha sangre sobre esas gemas. En la indómita selva al nordeste de Angola, prevalece una violenta economía en la que miles de mineros campesinos se ganan la vida a duras penas buscando diamantes con palas y tamices. Dado que carecen de los permisos del gobierno, los mineros y sus familias cuentan que con frecuencia son torturados y presionados a pagar sobornos por soldados y guardias de seguridad privados que, en casos extremos, incluso llegan a matar.
Esta clase de violencia, que ha sido reporteada en los medios de Zimbabwe, amenaza con desbaratar el Proceso de Kimberley. Los minoristas de diamantes no pueden permitirse más publicidad negativa sobre piedras contaminadas. Pero muchos de los países productores de diamantes en África parecen reacios a tomar medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en la industria.
En los círculos mineros de Angola abundan las confrontaciones. En una entrevista con The Wall Street Journal, Linda Moisés da Rosa, de 55 años, denunció el asesinato de sus dos hijos, ambos mineros de diamantes. En septiembre, cuenta, soldados angoleños se presentaron en una gran mina cerca de aquí, para ahuyentar a los excavadores. Cuando algunos se rehusaron, relata Moisés, los soldados derrumbaron la mina, enterrando vivos a unos 45 hombres, incluido su hijo Pereira Eduardo Antonio, de 21 años. «Esos muchachos fueron testarudos». Además, cuenta que los soldados dijeron que las muertes «servirían como lección para cualquiera que se le ocurriera venir a excavar de nuevo».
En febrero, recuerda Moisés, su hijo mayor, Tito Eduardo, de 33 años y el único sostén de la familia, se metió en una pelea con unos guardias de seguridad en otra mina. Según ella, los guardias habían accedido a que los excavadores locales cribaran la gravilla en busca de diamantes a cambio de unos US$30 al día. Los guardias acusaron a su hijo de no pagar el soborno, y cuando éste respondió, dice, «lo mataron con un machete».
Las autoridades militares no quisieron hacer comentarios para este artículo. El secretario de Estado para los Derechos Humanos de Angola, António Bento Bembe, culpa a la guerra civil de 27 años de su país por el clima de abuso imperante. «Sé que ocurren muchos casos como este, y sé de muchos otros de los que aún no ha escuchado», dijo en una entrevista en Luanda, la capital de Angola.
La situación ha arrastrado el Proceso de Kimberley a su mayor crisis en su breve historia. Pactado por 75 países en una época muy sangrienta en el continente africano, el sistema fue elogiado al principio por su compromiso con los derechos humanos. Grupos rebeldes se habían hecho con el control de las regiones productoras de diamantes de Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, y utilizaban las piedras preciosas para financiar las guerrillas. Ante una pesadilla de relaciones públicas, las compañías de diamantes del mundo acordaron que comprarían sólo los diamantes en bruto que fueran certificados por gobiernos internacionalmente reconocidos. El Proceso de Kimberley asegura que más de 99% del comercio mundial de diamantes en bruto es «limpio».
Sin embargo, los detractores argumentan que hay un gran vacío en esa definición, ya que no toma en cuenta las violaciones a los derechos humanos que cometen los propios gobiernos. «El Proceso de Kimberley les cerró el grifo a los rebeldes, pero al mismo tiempo legitimó a los gobiernos corruptos que abusan de su pueblo», dice Rafael Marques, activista que ha trabajado mucho tiempo en el nordeste de Angola.
A su vez, los joyeros empiezan a temer que la mala publicidad ahuyente a los consumidores. Matthew Runci, presidente ejecutivo de Jewelers of America, un grupo de la industria que representa a joyerías como Tiffany & Co, dice que el Proceso de Kimberley debería encontrar la manera de incorporar la supervisión del respeto a los derechos humanos en sus países miembros o invitar a una organización independiente para que lo haga por él. «Es fundamental que la confianza del público en los diamantes se mantenga en un nivel alto», dice. Una vez que un diamante ha sido tallado y pulido, es prácticamente imposible que el cliente pueda determinar el país de origen.
Cecilia Gardner, una ex fiscal de Nueva York, que se desempeña como asesora legal del Consejo Mundial del Diamante, dice que el Proceso de Kimberley es una organización voluntaria y no está equipada para poder garantizar la protección de los derechos humanos. «No tenemos un ejército, no tenemos una fuerza policial», señala.
Las raíces de los problemas actuales de Angola con los diamantes tienen que ver con la geología. A diferencia de Botswana y Sudáfrica, donde grandes multinacionales utilizan maquinaria pesada para extraer los diamantes de profundas fosas, la mayor parte de las reservas de diamantes de Angola está en depósitos aluviales, es decir, que las piedras han brotado de la tierra y han sido esparcidas por los alrededores. Cualquier persona armada con una pala y un tamiz puede recogerlas, por lo que a las grandes mineras les resulta difícil quedarse con ellas. Más de un millón de personas en todo el mundo se ganan la vida con esta minería artesanal en los depósitos aluviales, incluidos unos 10.000 en Angola.
Para absorber esos diamantes, el gobierno autorizó a compradores internacionales para que se establecieran en el país. El gigante estadounidense Lazare Kaplan International Inc. se convirtió en una parte integrante del área, al firmar un acuerdo técnico con Angola para abrir puestos de compra. Pero el pacto expiró en 2008, cuando los precios de los diamantes colapsaron en todo el mundo, y ahora Lazare Kaplan está reduciendo sus operaciones en Angola.
Su retiro dejó un campo abierto de oportunidades para otros compradores. Para Ahmad Mouein, un comprador libanés, se trata de un gran momento para el negocio pese a la recesión en el mercado de diamantes. «A veces un excavador puede venderte una piedra de US$500.000 por unos US$5.000 o US$10.000», dice asombrado. Según él, el Proceso de Kimberley no ha logrado su objetivo primordial de acabar con el contrabando. «Con Kimberley o sin Kimberley, amigo mío, por el diamante, todo vale».
Havanaluanda 